I. El próximo año la Cumbre de las Américas convoca bajo el lema de “Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad humana, la seguridad energética y el medio ambiente sustentable”. El proceso de las Cumbres es un mecanismo de promoción del diálogo, del multilateralismo, de la inclusión social, en el cual, los parlamentarios tendrán la oportunidad de llevar la voz de la sociedad civil.
La ascendente conciencia acerca de los desafíos globales de nuestro hemisferio nos encamina a compartir enfoques y valores, armonizando las iniciativas que tienden al progreso, la prosperidad y la paz de nuestras naciones. El diálogo en las Cumbres de las Américas es una contribución a la gobernabilidad regional y esa gobernabilidad no puede manifestarse sin la inclusión de todas las instituciones de gobierno y la participación de actores sociales del ámbito privado y no gubernamental.
En ese contexto, los legisladores tienen un papel determinante, ejercitando la democracia en el ámbito multilateral, fortaleciendo la división de poderes y representando a los ciudadanos. Traducen las demandas y necesidades de la sociedad en acciones y decisiones que por el carácter de la globalización, cada vez se extienden más en el campo de la política exterior. Es un ejercicio de pluralismo, concertación y generación de confianza.
II.
Es cierto que no se pueden unificar las expectativas con las cuales, cada uno de los actores de los países latinoamericanos concurre a los diferentes diálogos y encuentros, y también es cierto que se critican estos mecanismos pues no producen propuestas concretas ni ayudan a adoptar medidas específicas.
Si entendemos que el diálogo político se basa en los valores de la justicia, como factor de estabilidad; que es en definitiva un bien público global, este intercambio no sólo evita conflictos, además favorece conductas democráticas. Esa correspondencia y esas reflexiones conjuntas afianzan las prácticas republicanas. Los procesos de comunicación proveen de un mayor entendimiento y transparentan las mutuas aspiraciones de cada actor nacional. El diálogo aleja la violencia. Es un espacio para articular las cuestiones de interés público desde diferentes perspectivas. El diálogo, entonces, es el resultado de un proceso de cooperación y de trabajo conjunto para construir un significado común a los interlocutores.
Hemos visto que el diálogo transforma el pensamiento colectivo y se constituye como una herramienta para el cambio, adecuando realidades contrastantes en un lenguaje común. Lo que hace más potente al diálogo es su facultad para superar la desconfianza y potenciar las coincidencias.
III.
Algunos pueden preguntarse si un diálogo asimétrico genera beneficios para todas las partes intervinientes. El diálogo político ayuda a incorporar una variedad de puntos de vista nacionales y regionales, que en tiempos de la globalización permite tomar decisiones más acertadas sobre una agenda internacional que es obligadamente compartida. Una densidad distinta en diálogos paralelos refuerza la voluntad de la asociación.
Es necesario recordar que el diálogo no significa por sí mismo la ausencia de tensiones. Las experiencias nacionales latinoamericanas de diálogo político, son en realidad, experiencias de conflicto. Las mesas de diálogo surgieron para generar una base de tolerancia entre sectores que mantenían notables distancias. El diálogo era el primer puente para reconciliar a enemigos históricos.
Este no es, sin embargo, el caso del diálogo en el ámbito de la Cumbre de las Américas. Estas son consultas amistosas. En la retórica del diálogo queda expresada la voluntad de profundizar una asociación estratégica. Pese a que existan discrepancias, el diálogo político es siempre positivo. El entendimiento con actores que tienen distintos estilos, opiniones e intereses, en un marco acordado de discusión, demuestra que la democracia es por esencia un mecanismo de negociación de diferencias.
IV.
Para algunos analistas, el contexto hemisférico se ha vuelto más inseguro. Y no podemos desconocer que los movimientos políticos de los últimos años pueden ser desconcertantes: finalizaciones abruptas de mandatos presidenciales, nuevos líderes sin partido político, crisis económicas y energéticas, manifestaciones ciudadanas y puebladas que paralizan el comercio y el transporte, divisiones sociales, carreras armamentistas. Pero debemos partir de una constatación positiva: ninguno de los líderes políticos latinoamericanos por más idiosincrásicos que sean, rehúsan de la legitimidad democrática. Hay fallas, inestabilidad, crisis, pero hay elecciones medianamente limpias. Jorge Castañeda señala que los políticos latinoamericanos están más interesados en la política como un instrumento para conservar el poder, que en el poder como una herramienta para hacer política.[1] Pero, pese a estas peculiaridades, ninguno de estos líderes se sale del plato democrático.
Como expresara el ex presidente Osvaldo Hurtado,[2] los ciudadanos latinoamericanos están esperando que la legitimidad jurídica de la democracia alcance una amplia legitimidad social de la que carece, en donde el Estado atienda las necesidades y resuelva los problemas de los habitantes, corrigiendo injusticias, eliminando privilegios y ofreciendo las oportunidades a quienes sufren de exclusión social. La distribución de ingresos debe ser una palanca fundamental del crecimiento. El tema de los derechos humanos y de los derechos civiles es una deuda inmensa en la mayoría de los países latinoamericanos.
Es por esas deudas que la oportunidad de participar en un mecanismo como la Cumbre de las Américas, tiene incentivos para los parlamentarios. En muchos países latinoamericanos los legisladores tienen muy acotado su ejercicio ante sistemas presidenciales fuertes y centralizadores. En estos años de democracia ha mejorado la eficacia parlamentaria,[3] pero eso no condujo a que en las instancias parlamentarias multilaterales se tomen decisiones que influyen sobre los mandatos políticos de los Ejecutivos.
La acción conjunta en la Cumbre contribuye al fortalecimiento de la legitimidad directa de los parlamentos nacionales y regionales y es un puente ineludible, la transmisión obligada de los intereses de la sociedad civil. El creciente reconocimiento de la sociedad respecto a sus derechos y obligaciones hacen que ahora el Estado no sea el único actor que define el orden social. Los actores sociales encontraron nuevas formas de existencia social que no depende exclusivamente de la política estatal. El ciudadano no queda sólo en el rol de observador social, sino en un constructor de una comunidad colectiva capaz de producir cambios, en sujeto de relaciones transfronterizas. Los parlamentarios son los canales de expresión de esa nueva sociedad internacionalizada.
Finalmente, la participación de los legisladores permite incrementar la visibilidad del Parlamento, dando a conocer la labor parlamentaria y los debates que en su ámbito se generan. Es una pantalla en la cual demostrar la eficacia de los Congresos, la importancia de su acción multilateral y el progreso de la democracia.
[1] Jorge Castañeda, “Latin America’s Left Turn,” Foreign Affairs, Vol. 85, Number 3, March-April 2006.
[2] Osvaldo Hurtado, “Democracia y gobernabilidad en los países andinos,” Foreign Affairs en Español, Vol. 5, Número 4, Octubre-Diciembre 2005.
[3] Ricardo Gil Lavedra, “Un vistazo a las reformas constitucionales en Latinoamérica,” Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política (SELA), Law As Object and Instrument of Transformation, paper presentado en Punta del Este, Uruguay, June 6-9 2002; Arturo Valenzuela, “Latin American Presidencies Interrupted,” Journal of Democracy, Año 15, no. 4, octubre 2004.
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